Villahermosa; 23/dic/2019.- La secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco, Mayra Elena Jacobo Priego, admitió que pese a ser funcionaria pública, no se ha excusado de participar como empresaria, en licitaciones hechas por la administración estatal y organismos desconcentrados.
Como funcionaria, Jacobo Priego incurre en conflicto de interés si participa, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que pueda obtener un beneficio personal, familiar, o de negocios, indica el Código de Ética de los Servidores Públicos del estado y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.
“Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio”, advierten esas normas.
Pese a estas regulaciones, la titular de la SEDEC ha combinado su actividad de funcionaria con la de empresaria, lo que le ha permitido tener ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales que gana en el gobierno de la 4T.
Como los que obtuvo al ganar, como proveedora de servicios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJA), una licitación por 25 millones de pesos, en julio pasado.
Mayra Elena Jacobo Priego, es copropietaria mayoritaria y representante legal de la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V. constituida en el año 2005, ante el entonces Notario Público número 27, Adán Augusto López Hernández, actualmente gobernador de Tabasco.
Aunque ha negado que compaginar su función de empleada gubernamental con el de empresaria, sea incurrir en conflicto de interés, en julio pasado, Industria y Diseño Textil, fue la única empresa que participó en dos ocasiones en la licitación nacional para dotación de uniformes convocada por la UJAT.
La primera, en la que solo ella se inscribió, pidió cobrar 25 millones 756 mil 678.15 pesos, fue declarada desierta por insuficiencia presupuestal y la segunda licitación, en la que también fue la única participante, se le adjudicó, tras reducir a su propuesta económica 691 mil pesos.
El jurista y expresidente del Colegio de Abogados, Sergio Antonio Reyes Ramos, consideró que difícilmente se pueda imputar y comprobar que la secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco haya incurrido en el delito de tráfico de influencias para ganar ese contrato con la institución pública. La configuración del ilícito no es muy clara en el Código Penal del estado, explicó.
