Villahermosa, Tabasco, 2 de diciembre de 2022.- El secretario de la Función Pública de Tabasco (SFP), Jaime Farías Mora, informó que en la fiscalización de la cuenta pública 2021 del poder Ejecutivo estatal, descubrieron desvíos de dinero por 269 millones 655 mil 106 pesos de programas y fondos que ejecutó la administración pública del gobernador sustituto, Carlos Manuel Merino Campos.
El funcionario estatal dijo que entre el 1 de octubre de 2021 y 30 de septiembre de 2022, se implementaron acciones de control, evaluación y auditoría gubernamental con un alcance estatal, lo que implicó el inicio de 123 auditorías a 67 programas y fondos ejecutados por los 73 entes públicos que conforman la administración pública.
De esa cifra, comentó que a la presente fecha se han concluido 80 auditorías, de las cuales 15 fueron realizadas por personal de la Secretaría de la Función Pública estatal; 42 por auditores externos; 5 por la Auditoría Superior de la Federación; y 17 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
Las 43 que se encuentran en proceso, 2 son realizadas por personal de la Secretaría de la Función Pública estatal; 16 por auditores externos; 18 por la Auditoría Superior de la Federación; 5 de manera directa y 2 en conjunto con la Secretaría de la Función Pública Federal, con un monto fiscalizado preliminar de 1 mil 519 millones de pesos, abundó.
Precisó que “con corte al 31 de octubre de 2022, el monto fiscalizado de la cuenta pública 2021 ascendió a 20 mil 540 millones 379 mil 630 pesos, de los cuales sólo fueron observados 269 millones 655 mil 106 pesos”, precisó.
Como resultado, dijo que la SFP inició 55 procedimientos derivados de denuncias, oficios y auditorías, relacionadas con actos u omisiones de los servidores públicos que pueden constituir faltas administrativas.
SANCIONAN A 47 EX FUNCIONARIOS
Por otra parte, destacó que en lo que va de la presente administración se han iniciado un total 2 mil 847 expedientes, de los cuales 891 corresponden a la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental y 1 mil 956 a los órganos internos de control.
El titular de la SFP agregó que en materia de responsabilidades administrativas se logró concluir con el 97% de los 184 expedientes iniciados por la pasada administración, lo que derivó sanciones para 47 ex servidores públicos, de los que 22 fueron inhabilitados por diferentes años que fluctúan entre los 17 años y 6 meses; otros 20 resultaron amonestados públicamente y 5 amonestados de manera privada.
En la sesión en la que respondió cuestionamientos de los diputados locales, explicó que con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, se iniciaron 18 expedientes, de los cuales 9 se encuentran en etapa de substanciación; 6 han sido resueltos y 3 han sido remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por tratarse de faltas administrativas graves.
Expuso que como resultado de la labor preventiva de la Función Pública, el 99.90% de los servidores públicos del Poder Ejecutivo cumplieron con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.
Es decir, de un padrón de 78 mil 676 funcionarios obligados, sólo 80 no dieron cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley en la materia, lo que representó apenas el 0.10% de incumplimiento.
Juan Antonio Farías indicó que para lograr dicho grado de cumplimiento, la dependencia –en coordinación con sus Órganos Internos de Control y los enlaces de los entes públicos– implementó diferentes estrategias como la instalación de módulos en dependencias y entidades, asesorías telefónicas y atención personalizada durante todo el mes de mayo.
Con esto logramos contrarrestar las causas que han originado dicho incumplimiento, entre ellas: falta de acceso a la tecnología y sobre todo reticencia de las personas con categorías que, apenas el año pasado, fueron incorporadas para dar cumplimiento con dicha obligación, estableció.
Farías Mora recalcó que con la finalidad de coadyuvar en el combate a la corrupción, la Secretaría desarrolló la plataforma SIRUC (Sistema Electrónico Integral de Registro Único de Contratistas), mediante el cual las personas físicas o jurídico colectivas dedicadas al ramo de la construcción e interesados en participar en procedimientos licitatorios de obra pública y servicios relacionados, pueden obtener una Cédula para tal fin.
“De esta manera, la Función Pública, en el marco de su programa preventivo, establece un control que permite por especialidad, conocer la capacidad financiera, legal y técnica de quienes participen en los procesos licitatorios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas”, puntualizó.
Concluyó que estas acciones de simplificación involucraron adecuaciones normativas para disminuir tiempos y requisitos, reduciendo a cero las interacciones entre servidores públicos y usuarios, ‘lo que impacta positivamente en el combate a la corrupción y la discrecionalidad’.
