Pedro Calcáneo Arguelles, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informó que la acción de inconstitucionalidad fue presentada luego de conocer el sentir de los ciudadanos, de escuchar a los partidos y organizaciones no gubernamentales
Villahermosa, Tabasco, 29/agosto/2019.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Pedro Calcáneo Argüelles, anunció que han interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Código Civil del Estado, conocida como “Ley Garrote”, en donde se sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes extorsionen o impidan el trabajo de empresas públicas y privadas.
El ombudsman tabasqueño explicó que la impugnación fue presentada luego de conocer el sentir de los ciudadanos a través de las redes sociales, de escuchar a los partidos y organizaciones no gubernamentales, por lo que será la SCJN quien deberá pronunciarse a favor o en contra de esta reforma que fue enviada al Congreso por el gobernador Adán Augusto López Hernández, y avalada por la mayoría de los legisladores
“Ayer (miércoles) presentamos la acción de inconstitucionalidad. Fueron 504 opiniones que recibimos a través del Facebook y correos, además de invitaciones que hicimos. Se consulta a la sociedad para que aporte razones y esas razones son las que entre otras cosas nosotros analizamos”, indicó.
El titular de la CEDH dijo que ahora sólo queda esperar que la SCJN se pronuncie. “Ya está en la cancha de la Corte de no de la Comisión”, apuntó.
Por su parte, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, señaló que su administración es respetuosa de la decisión tomada por la CEDH y esperaran a que sean notificados para defender esta reforma al código civil aprobada el pasado 29 de julio.
“Nosotros sostenemos que es una reforma que no viola las garantías individuales, no atenta contra de los derechos individuales, que está garantizado en Tabasco la libertad de expresión y de manifestación. Cuando seamos notificados tenemos la obligación legal de defender los intereses del estado”, concluyó
